El secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, cuestionó con dureza la postura oficial. “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites. Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública, al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta, y a la Justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023. En definitiva, tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y cuál no”.