La medida, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, se ampara en la Ley N° 27.233, que si bien declara de interés nacional la inocuidad de los agroalimentos, también subraya la "responsabilidad primaria e ineludible" de los actores de la cadena agroalimentaria. Según los considerandos de la norma, las exigencias derogadas tenían originalmente la finalidad de "controlar el fraude" en la elaboración, pero el oficialismo ahora sostiene que estas condiciones "afectan la calidad del producto final" y ya no resultan necesarias ante los supuestos avances tecnológicos de la industria.