Cinco empleadas se presentaron en Casa de Gobierno para solicitar una audiencia con el mandatario provincial y entregar un petitorio en el que exponen la situación laboral que atraviesan.
Gabriela Anze, una de las trabajadoras afectadas, explicó que, durante una audiencia realizada el 5 de marzo en la Dirección de Inspección Laboral (DIL), el representante legal de la firma comunicó que la empresa no puede continuar funcionando y que el cierre implicaría el despido de todos los trabajadores. “Argumentó que la empresa no puede continuar y que nos iba a despedir a todos, o sea, que estaba sin nada de plata y que nos despedía sin indemnización”, relató.
En este panorama desolador, Anze sostuvo que la empresa también habría planteado acuerdos individuales por fuera de los canales legales. Según indicó, una de las propuestas consistía en entregar máquinas a cambio de firmar la renuncia a la indemnización. “Querían darles máquinas y hacerlos firmar por la indemnización, y son dos máquinas que no valen 20 o 30 años de trabajo”, afirmó en diálogo con Mensajes en la Radio, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3.
De acuerdo con lo planteado por las empleados, la compañía mantiene deudas salariales con el personal: entre los conceptos pendientes mencionaron el aguinaldo, vacaciones y sueldos.