“La situación es cada vez más crítica. Si antes pagaban poco, ahora directamente no pagan”, le dice a Página/12 Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Molero describe la situación de los centros de día, las escuelas especiales y los transportistas como “terminal”. Pese a que la Ley de Emergencia está vigente, el bucle temporal del ajuste y la precarización del sector se sigue profundizando. El problema, desde hace meses, pasa por las deudas que está acumulando el programa Incluir Salud –la obra social pública de las personas con discapacidad, donde se descubrió la cueva de las coimas– con los prestadores, sobre todo del interior del país. Según Molero, que representa a la sociedad civil frente al Estado en este tema, hay instituciones que no cobran desde octubre del año pasado. Si se suma también al PAMI, hay más de 1200 expedientes con deudas acumuladas en el Ministerio de Salud, un número inusualmente alto. “Todas las semanas cierra sus puertas alguna institución”, explica Molero. Este martes, en ese marco, las organizaciones del colectivo convocan a marchar al Ministerio de Economía, de la mano de una movilización más amplia convocada por intendentes contra el plan motosierra.