La acción judicial busca que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la ley, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Según el escrito, la norma vulnera derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y la protección social. El amparo sostiene que la ley "implica una regresión histórica en materia de derechos laborales" y que desmantela parte del sistema de protección construido durante décadas.