Esta orientación contrasta con la realidad provincial: los trabajadores estatales chaqueños llevan diez meses sin aumentos salariales y han perdido entre un 25% y un 33% de su poder adquisitivo en ese lapso. A lo que se debe agregar reducciones salariales por ajuste y deterioro de la salud y la seguridad social.
Al mismo tiempo, el costo de vida continúa en alza. La tarifa eléctrica aumentará este año un 70% adicional, luego del tarifazo ya aplicado. El transporte público acumula incrementos superiores al 2.500%, expulsando a miles de usuarios del sistema, y se anuncia un nuevo aumento en el servicio de agua potable.
La economía provincial se contrae: se perdieron alrededor de 7.000 empleos privados, cerraron 1.000 empresas empleadoras y la paralización de la obra pública profundiza la recesión y la caída de la actividad económica.
Pese a este escenario, el oficialismo insiste en apelar al discurso de la “herencia”, cuando incluso acotando el análisis a los últimos diez meses, las decisiones adoptadas muestran un rumbo claro: ajuste, endeudamiento y deterioro social.
En los hechos, se recurre a nuevo endeudamiento en condiciones más costosas para cubrir desequilibrios de gestión. Endeudarse más caro no es ordenar el Estado: es comprometer su sostenibilidad futura.
El ajuste es una decisión política. Y hoy esa decisión la están pagando trabajadores, comerciantes y familias chaqueñas.
El Chaco necesita responsabilidad fiscal con desarrollo, defensa del empleo y del salario, no un modelo que debilita derechos y deteriora la calidad de vida.
El Chaco necesita un modelo que defienda a su gente, no que la someta al ajuste.