En su momento, Caputo defendió públicamente esa decisión y la calificó como “una movida muy positiva del BCRA”. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble, un edificio; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, sostuvo el ministro. Y agregó: “El país necesita maximizar los retornos sobre sus activos. Tenerlo encerrado en el BCRA sin hacer nada es negativo”.
A la par del frente judicial internacional, también existen antecedentes recientes en el plano local. En diciembre pasado, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo que había rechazado un pedido de información presentado por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. En esa resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani cuestionaron que el Banco Central no explicara de manera concreta por qué revelar la ubicación del oro podría representar un riesgo para el sistema financiero o bancario.
El BCRA, conducido por Santiago Bausilli, había fundamentado su negativa en el artículo 8 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Con la nueva decisión judicial, el organismo quedó obligado a entregar la documentación solicitada o, en su defecto, a justificar con mayor precisión técnica por qué la difusión de esos datos podría afectar la estabilidad del sistema.
El debate no es nuevo. En septiembre de 2017, durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, se enviaron al exterior unos 11.000 kilos de oro con el mismo argumento: obtener rentabilidad sobre las reservas. Ese antecedente volvió a cobrar relevancia ahora, cuando el paradero del oro argentino se transformó en una pieza clave del juicio por YPF y en un foco creciente de desconfianza sobre la estrategia del Gobierno para proteger los activos del país.