Por su parte, la CTA de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) plantearon que el decreto cristaliza una "arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social".
"Constituye un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales: transforma a la SIDE en una policía secreta con poder de detener arbitrariamente, declara todas sus actividades como 'encubiertas' para operar en la opacidad total y centraliza el acceso a los datos personales de toda la ciudadanía", indicaron las centrales en un comunicado conjunto.
El documento firmado por los secretarios generales de las respectivas centrales, Hugo 'Cachorro' Godoy y Hugo Yasky, tildaron la iniciativa como "un golpe a la democracia, a la Constitución y a las garantías republicanas". Y plantearon: "Exigimos el rechazo inmediato de este DNU de nulidad absoluta. Cualquier reforma al sistema de inteligencia debe tratarse en el Parlamento, con transparencia y control ciudadano".