El reclamo es contra el desmantelamiento del Servicio Argentino de Calibración y Medición, un área estratégica con más de cuarenta años en funcionamiento con uno de los mejores estándares de medición en América Latina.
La disolución se dio a conocer este martes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Allí se presentó la medida como parte de una “modernización administrativa”, el mismo argumento que el oficialismo usa para justificar desmantelamientos y reformas regresivas, como la laboral.
Pero el efecto concreto es otro; con este cierre, el Estado pierde una herramienta técnica central y sus funciones pasan al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.