De aprobarse, la normativa prevé para las empresas multas equivalentes al precio de venta al público de entre cinco mil y 150 mil litros de nafta súper, como también hasta la suspensión de la habilitación si hubiera reiterados incumplimientos. Para las estaciones de servicio, en tanto, las sanciones irán entre el equivalente a 100 y 500 litros.
La propuesta pasó esta semana la comisión de Servicios Públicos y seguirá curso hacia la de Legislación General, que la deja habilitada para entrar al orden del día en la próxima sesión. El proyecto contó con el visto bueno de los diputados de UxP Ariel Archanco, Carlos Puglelli, Viviana Guzzo, Avelino Zurro, Sabrina Sabat y Constanza Moragues. El diputado de la UCR, Emiliano Balbín, optó por la abstención y el rechazo lo expresaron los legisladores de La Libertad Avanza, Fernando Compagnoni y Sofía Pomponio y la diputada del PRO, Rita Sallaberry.
“Hay algo detrás del aumento de precios que no quieren transparentar. Las petroleras mantuvieron reuniones con diputados de la oposición y no expresaron una queja real. Dicen que si tienen que informar cada vez que sube el precio deberían contratar a alguien específico para que se dedique exclusivamente a eso, entonces… ¿Cuántas veces suben el precio?”, cuestionó la diputada Rasquetti en diálogo con Buenos Aires/12.
Desde el Frente Renovador apuntaron a YPF, como así también a cámaras y federaciones del sector por presunto lobby en la Legislatura para tratar de bajar el proyecto.
La autora del proyecto rechazó que se utilice como argumento para rechazar la propuesta la posibilidad de desabastecimiento. “¿Cuál es el desabastecimiento que van a tener en una población mermada en su capacidad de gasto y de compra?”, cuestionó. “Lo que hace esta propuesta es generar previsibilidad del gasto y del consumo”, aseguró. “Los únicos que podrían generar desabastecimiento son los grandes empresarios del agro que puedan comprar miles y miles de litros, pero no así las personas porque no tienen capacidad de compra”, marcó la diputada.
En ese orden, dijo que le llamó la atención que, desde que lo presentó hasta ahora, “nadie habló de este proyecto jamás, pero en la comisión apareció gente de LLA que estaba sumamente instruida de repente”. Más allá de la ironía, demandó que fue el sector libertario el que, a nivel nacional, dio de baja la ley que obligaba a informar cuando aumentaba el combustible. “Además, son ellos los que tienen relaciones con los Bulgheroni”, lanzó en referencia a la familia que comanda la energética Pan American Energy.
La oposición que firmó el dictamen de minoría, siguió la línea libertaria al destacar que las regulaciones “excesivas” y las “restricciones” en el mercado de combustibles “no solo dificultan la innovación y la inversión, sino que también limitan la capacidad de los actores del mercado para responder de manera eficiente a las demandas de los consumidores”.
“La propuesta de implementar un sistema de control de precios y restricciones en los mecanismos de ajuste en el mercado de combustibles resulta incompatible con el nuevo modo de configuración del sector”, expusieron.
La diputada del PRO Rita Sallaberry explicó que rechazó el proyecto por tres motivos y dijo que el mismo “va en contra de la naturaleza del mercado de crudo, pretende legislar sobre materias ya reguladas y puede generar picos de consumo, suba de precios y desabastecimiento”.
“Hay que ayudar a los sectores productivos de la provincia, no crear más trabas y burocracia”, subrayó la legisladora. “No entiendo la razón por la que pretenden una ley así. Pretenden legislar sobre una materia que está regulada bajo la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de la Competencia”, sumó la diputada en diálogo con Buenos Aires/12.
La diputada del PRO negó haberse reunido con representantes de las petroleras y expendedoras, aunque sí dijo haber recibido notas de la Cámara Argentina de la Empresa y de la Unión Industrial de la Provincia, quienes solicitaron participar de una reunión con la comisión. “Pedimos que antes de avanzar se abriera una ronda de conversación para que ellos puedan expresarse”, marcó.
“Plantean que es bueno para el consumidor saber los precios, pero puede generar que se quiebre el stock”, aseguró Sallaberry.
La discusión anticipa la Legislatura que se viene. Es que desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza y el PRO concentrarán entre ambos 30 bancas, un espacio que se posicionará como la oposición más dura a los 39 legisladores con los que va a contar Fuerza Patria en la Cámara de Diputados.