La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con amplio consenso legislativo, busca garantizar recursos y asistencia para personas con discapacidad ante el recorte de programas y prestaciones. Su suspensión generó fuertes críticas de organizaciones sociales, colectivos de personas con discapacidad y partidos de la oposición, que acusan al Gobierno de incumplir un mandato legal y vulnerar derechos adquiridos.
Si la Cámara de Diputados aprueba finalmente la interpelación, Guillermo Francos deberá presentarse ante el pleno para brindar explicaciones públicas. En caso de que sus argumentos no resulten satisfactorios, la oposición podría avanzar con una moción de censura, una herramienta institucional que, aunque infrecuente, pondría mayor presión sobre el ministro y el Ejecutivo.