La novedad fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde argumentó que la magistrada “actuó fuera de competencia, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó erróneamente la Ley 26.854”, una norma que regula las medidas cautelares en el ámbito administrativo. “No podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares”, expresó Adorni que habla en representación del gobierno que deroga una ley con un decreto.