MUNDO: Bolivia: el gobierno de Rodrigo Paz, rodeado de acusaciones de corrupción

19/08/2026
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El Congreso censuró al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, acusado de irregularidades patrimoniales. Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, asegura tener pruebas de corrupción en el gobierno.

El gobierno de Bolivia atravesó este martes una serie de reveses que incluyen la moción de censura contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, acusado de presuntas irregularidades vinculadas con su patrimonio, y las denuncias de Nadia Beller, expareja del consultor presidencial Fernando Cerimedo, quien asegura tener pruebas de hechos de corrupción dentro del gobierno tras el intento de asesinato que sufrió horas antes.
La moción de censura
El Congreso censuró a Espinoza por no presentarse a la sesión a la que había sido convocado para responder preguntas sobre su gestión de la economía. El funcionario envió una carta para justificar su ausencia, en la que explicó que tenía programado un viaje. Una mayoría del Legislativo rechazó sus argumentos, con 91 votos a favor de la moción de censura, en una sesión en la que participaron 129 senadores y diputados. La Ley 1350, que regula los efectos de la censura, precisa que, una vez que el mandatario toma conocimiento formal de una resolución de estas características, tiene un plazo máximo de 24 horas para destituir al ministro censurado.
La semana pasada, el vicepresidente Edmand Lara denunció penalmente al ministro. La denuncia apunta principalmente a la compra de un Audi Q4 e-tron y a una supuesta omisión del vehículo en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada por el ministro ante la Contraloría General del Estado. Según el documento presentado por la vicepresidencia, existen diferencias entre el valor consignado oficialmente para la operación y el monto que Espinoza habría reconocido públicamente como desembolso. Ahora, Lara se refirió de manera explícita al intento de femicidio: “Condenamos enérgicamente el atentado y exigimos una investigación transparente (...) Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz”, sostuvo.
El testimonio de Beller
En paralelo, la expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, señaló tras su intento de asesinato que los agresores le quitaron el celular después de dispararle. Según explicó, ahí tenía información relacionada con presuntos hechos de corrupción del actual gobierno. “Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, en el que no sólo tenía pruebas de la agresión física (de Cerimedo) y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción relacionados con el combustible”, afirmó.
“Tenía pruebas de otras situaciones, sobre el oro”, sostuvo Beller, precisando que se trata de un hecho que involucra pagos a través de contratos que se negocian con empresas grandes. “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”, remarcó.
En un posteo en Facebook, la mujer escribió: “La policía lo va a encubrir. Miren cómo lo condecoraban”, junto a una imagen de una placa de reconocimiento a Cerimedo por un curso de seguridad y protección de personas, colocada al lado de un cajón lleno de dinero que, según la denuncia, provendría de actos de corrupción.
Las denuncias de corrupción
En julio se incautaron en el aeropuerto Viru Viru 189 kilos de oro que presuntamente iban a exportarse ilegalmente, pero después se detectó que faltaban 22 kilos. Por ello, se acusa al Estado boliviano de graves fallas de control y custodia, además de una posible complicidad o encubrimiento en la desaparición del mineral.
En febrero, el vicepresidente denunció penalmente al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por supuestos contratos con sobreprecio en la compra de petróleo crudo y combustibles, y pidió que el funcionario vaya a la cárcel.
El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, que estuvo en el cargo durante los primeros meses del gobierno de Paz, fue detenido en julio acusado de ser uno de los principales responsables de la distribución de combustible adulterado que habría afectado a unos 66 mil vehículos.

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