La suspensión de las PASO, en tanto, favorecería al oficialismo, ya que evitaría la exposición de una división interna e impediría que la oposición sume fuerzas en una elección primaria y llegue robustecida a las generales.
Según la oposición, las modificaciones incorporadas al proyecto tendrán implicancias sobre la calidad democrática y la representación. En principio, advierten que “afectará la competencia efectiva y la inclusividad”. Argumentan que “el aumento drástico de requisitos de afiliación (0,5 por ciento distrital y 10 distritos a nivel nacional) generará una depuración necesaria contra estructuras fantasma, pero elevará barreras de entrada que dificultan la emergencia de nuevas fuerzas políticas sin financiamiento o infraestructura previa”.
Por otra parte, también ponen el ojo en la tensión entre la transparencia y “la captura privada”. Indican que “la prohibición de aportes anónimos y la bancarización obligatoria representarán un avance innegable en integridad electoral”, pero advierten que “elevar al 35 por ciento el límite de aporte privado individual abrirá la puerta a que un puñado de actores corporativos concentrados adquieran una influencia desproporcionada en el financiamiento de las campañas”.
En tercer lugar, respecto del arbitraje institucional y las internas, señalan que “la suspensión de las PASO trasladará el arbitraje de candidaturas desde la ciudadanía hacia las mesas de negociación y cúpulas partidarias”. Si bien reconocen que eso “favorece la cohesión interna en oficialismos con liderazgos consolidados”, también sostienen que incrementa “el riesgo de rupturas y litigiosidad en coaliciones opositoras sin mecanismos claros de resolución de disputas”.