Según se informó, la iniciativa cuenta con el respaldo formal de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, y nuclea firmas de representantes de diversos espacios políticos.
El proyecto, impulsado también por Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez, Pamela Verasay, Gladys Medina, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores - LLA, UCR, San Juan y Tucumán -, modifica el artículo 62 del Código Penal e incorpora un nuevo artículo 62 bis para establecer que la acción penal no prescriba cuando se trate de delitos sancionados con la pena más grave del sistema.
En paralelo, la propuesta incorpora el artículo 65 bis y modifica el artículo 65 para que tampoco prescriba la ejecución de la pena en esos mismos casos.
Según la propuesta, se incrementarían las escalas penales para diversos tipos de abuso sexual y se elevarían las sanciones (de 6 a 10 años de prisión) en casos que involucren a adolescentes de entre 13 y 16 años bajo situaciones de desigualdad de poder o autoridad.
De este modo, se estipula elevar los máximos de condena a seis años para el abuso sexual simple, a 12 años para los casos gravemente ultrajantes, a 20 años para los abusos con acceso carnal y hasta 22 años de prisión cuando medien circunstancias agravantes.
En los considerandos, Gallardo señaló que las secuelas de estos delitos se extienden en el tiempo y que el objetivo es evitar que el paso de los años frustre la acción de la justicia. Mientras sectores de la oposición dialoguista acompañan la medida, sectores de la oposición dura han manifestado reparos en torno a la urgencia de su tratamiento.
El texto de la iniciativa señala que el ordenamiento actual prevé que las penas perpetuas prescriban a los 20 años, un plazo que, según sus autoras, puede derivar en que una sentencia firme quede sin posibilidad de ejecución por el solo transcurso del tiempo. Los fundamentos del proyecto sostienen que esa situación resulta “incoherente” cuando se trata de los hechos que el propio Código Penal considera más graves.
“Las modificaciones propuestas responden a la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema, adecuar sus disposiciones a la gravedad de los delitos involucrados y nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo, en determinados supuestos especialmente graves, pueda frustrar definitivamente la actuación de la Justicia”, argumentó la legisladora.