Ahí comenzará el verdadero poroteo dentro de la Cámara alta. La mirada estará puesta especialmente sobre los senadores provinciales y los bloques que ya acompañaron la reforma cuando fue votada en Diputados.
Entre los nombres que aparecen en ese esquema están los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la neuquina Julieta Corrozo, la salteña Flavia Royón, los representantes de Provincias Unidas, Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espínola, la chubutense Edith Terenzi y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
La iniciativa obtuvo en Diputados 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. Para el Presidente, se trata de una de las reformas económicas que busca convertir en un emblema de su gestión.
El proyecto fija como objetivo principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda y apunta a impedir que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.
La reforma también elimina funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas exceden las tareas que debería cumplir una autoridad monetaria.
Para Milei, el objetivo es avanzar hacia un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Bullrich también respaldó públicamente el proyecto y sostuvo que apunta a "cuidar el valor de la moneda".
Pero el contenido económico no sería necesariamente el punto más complejo para conseguir el respaldo de los senadores. La discusión más sensible podría concentrarse en el mecanismo para designar y remover a las autoridades del Banco Central.
La propuesta establece que el presidente y los directores del organismo deberán ser aprobados por ambas cámaras del Congreso mediante mayoría simple. Para removerlos, en cambio, se requerirá una mayoría de dos tercios.
Ese cambio puede generar resistencia en el Senado porque modifica el esquema vigente de control sobre las autoridades de la entidad monetaria y le da al Congreso un peso mayor tanto en sus designaciones como en una eventual remoción.
Desde la mirada del Gobierno, la modificación busca blindar la independencia del Banco Central frente a los cambios de gobierno.
En la Cámara alta, en cambio, el debate podría abrir una discusión más amplia sobre quién tendrá la última palabra respecto de una institución considerada clave para la política económica.