En 2023, la compañía llegó a emplear de manera directa a más de 350 personas; hoy, esa nómina apenas ronda el centenar de trabajadores. Al inicio del proceso concursal en abril, la firma contaba con 158 empleados, pero tras sucesivas olas de despidos y retiros voluntarios —que en junio demandaron casi $89 millones—, la plantilla se redujo drásticamente a 111 trabajadores. Las bajas afectaron principalmente a operarios encuadrados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lo que refleja el impacto de la recesión en el corazón del empleo industrial y la ausencia de nuevas contrataciones desde octubre de 2025.
El deterioro comercial del último semestre confirma que el mercado interno está lejos de reaccionar. Luego de un cierre de año relativamente activo en diciembre de 2025, con más de 62.000 unidades vendidas, el consumo se desplomó de manera consecutiva mes a mes, alcanzando un verdadero abismo en junio de este año. Durante ese mes, las ventas sufrieron un desplome superior al 52% en comparación con mayo, pasando de $2.813,7 millones a apenas $1.335,9 millones. Esta violenta contracción de la demanda obligó a la compañía a liquidar stocks a precios de remate.
Con un déficit operativo que solo en junio alcanzó los $1.501,9 millones —debido a ingresos por apenas $824,3 millones frente a egresos que treparon a $2.326,3 millones—, Peabody debe recurrir constantemente al endeudamiento de cortísimo plazo para no quebrar definitivamente. Su transformación de fabricante nacional a mera importadora es un síntoma ineludible de una economía que, asfixiada por la recesión y la desregulación, expulsa la inversión productiva y destruye la capacidad laboral local en beneficio de esquemas fiscales más laxos en la región.