Uno de los expedientes centrales es el que busca establecer un marco regulatorio para el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos móviles dentro de las instituciones educativas públicas y privadas de los niveles inicial, primario y secundario. La iniciativa apunta a fijar criterios para la utilización de estas herramientas tecnológicas en el ámbito escolar, promoviendo su empleo con fines pedagógicos y estableciendo pautas para evitar distracciones o usos inadecuados durante el desarrollo de las clases.