La nueva medida de fuerza se realizará en todo el país y es en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Secretaría de Trabajo iniciará este lunes el proceso para actualizar 150 acuerdos colectivos vencidos. La medida surge tras la reglamentación de la Ley 27.802 y abre una etapa de discusión sobre condiciones laborales, aportes sindicales, productividad, representación gremial e indemnizaciones.

La administración mantiene su discurso de reducción del Estado, pero el Gobierno incrementó en los últimos meses la participación accionaria del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses en empresas privadas. La estrategia apunta a aprovechar la revalorización de los papeles bursátiles y engrosar un patrimonio que hoy se estima entre US$ 9.000 y US$ 15.000 millones. En paralelo, en la Casa Rosada gana terreno la idea de desprenderse de esas tenencias heredadas de las AFJP, replicando proyectos impulsados durante la gestión de Mauricio Macri para transferirlas nuevamente a manos privadas.

La entidad Industriales Pymes Argentinos aseguró que la cantidad de firmas que recurren a concursos preventivos creció con fuerza durante el último año. Advirtieron sobre más cierres, pérdida de empleo y reclamaron una ley de emergencia económica para asistir al entramado productivo.

Si consigue el apoyo del Senado, el Presidente estará en condiciones de hacer sus primeros nombramientos en la justicia. En la sesión no se tratará la situación de María Verónica Michelli ni de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte.