El camarista subrayó que la “truculencia policial” no solo es inaceptable para un Estado constitucional sino que tampoco puede ser validada judicialmente. “Adviértase que bajo el paradigma beligerante de ‘combate’, la violencia estatal contra los más débiles no solo es contraria al sistema democrático, sino que también provoca efectos deteriorantes en aquellos efectivos que, en términos de obediencia lesiva, concretan la actividad represiva ilegal. Nada de ello debe ocurrir con fuerzas de seguridad comprometidas con la estricta vigencia de los derechos de la población, y también de los propios. Empero, servidores públicos con ingresos indignos y derechos desprotegidos frente a las consecuencias que conllevan sus elevadas e indispensables funciones difícilmente podrán preterir la legalidad. Ahora, más allá del compromiso y apego a deberes de tantos uniformados, sea por baja calidad técnica o por desvíos de conducta, el Poder Judicial no puede tolerar el ilícito institucional practicado mediante la ejecución de un dispositivo brutal”, destacó Slokar.