A partir de este análisis, Capitanich fundamentó el rechazo del bloque en una serie de objeciones centrales. Señaló que el acuerdo premia la conducta de los holdouts y no garantiza condiciones de equidad entre los acreedores. Asimismo, advirtió que entra en tensión con la Ley 27.207 que limita el accionar de los fondos buitre, y con los principios internacionales de reestructuración de deuda soberana. También cuestionó que la jurisdicción externa pretenda sustituir el rol del Congreso y remarcó la falta de resguardo de la inmunidad soberana.
En la misma línea, alertó que el proyecto compromete recursos fiscales sin una evaluación integral de sus consecuencias, al tiempo que genera incentivos para nuevos litigios. “No se rechaza negociar, se rechaza este acuerdo en estas condiciones”, sintetizó.
Finalmente, el senador planteó la necesidad de establecer principios claros, definir una estrategia consistente y responder los interrogantes expuestos en el dictamen, y concluyó: “Defender el interés nacional no es opcional, es una prioridad”.
“El punto central para el Congreso no es si el acreedor libera determinados reclamos, sino que el Estado obtenga una solución integral, razonable, equitativa y compatible con el interés público”.