Claro que el alcance de la conciliación obligatoria es materia de interpretación y seguramente sea también materia de una disputa judicial. Por ejemplo, La Fraternidad consideró que la conciliación regía para el conflicto del gremio pero no podía aplicarse a un paro nacional convocado por la CGT que tenía como objetivo rechazar una reforma laboral. En tanto, la UTA advirtió que la conciliación que tenían era para choferes de las provincias y no para los que trabajan en el AMBA.
La última vez que un Gobierno impuso multas de este tipo fue en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de 809 millones de pesos. Claro que en ese caso se trataba de un conflicto de camioneros por un bono de fin de año y no de un paro general. De todas formas, Camioneros rechazó el pago y entró en un litigio que terminó en el gobierno de Alberto Fernández, cuando el ministro de Trabajo Claudio Moroni declaró nulo todo el expediente. ¿El motivo? No se había identificado con precisión la cantidad de personas afectadas.
En el conflicto que empieza ahora, los números están tomados de estimaciones generosas que luego caerán bajo la lupa judicial. Todo esto se produce en medio de las presentaciones que está realizando la CGT y otras centrales sindicales contra la ley de reforma laboral, a la que definen como una norma inconstitucional desde el primer al último de sus artículos.