En el comunicado argumentan que la norma vulnera principios constitucionales, en particular el principio de progresividad —que impide retrocesos en materia de derechos sociales— y el principio protectorio del derecho del trabajo. También señala una afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en aspectos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical, además de advertir sobre posibles incompatibilidades con compromisos internacionales asumidos por el país.