Las acciones de control se enmarcan en la Ley N° 2026-R, que establece sanciones severas para quienes incumplan la normativa vigente. Entre las medidas previstas se incluyen multas económicas de hasta 10.000 litros de gasoil, el secuestro de maquinaria y equipos, y la clausura de establecimientos.
Desde el Gobierno Provincial se informó también que se intensificarán los operativos de vigilancia y fiscalización en todo el territorio, con el objetivo de garantizar que la actividad agrícola se desarrolle dentro de los parámetros legales, protegiendo la producción, el ambiente y el trabajo de los productores responsables. “El compromiso del Estado es claro: controlar, identificar y sancionar a quienes utilicen productos prohibidos o realicen aplicaciones indebidas”, señaló Dudik, y agregó que estas medidas buscan resguardar el futuro productivo del Chaco y promover una actividad agrícola sustentable y responsable.