Leavy, al igual que el gobernador Gustavo Sáenz, insiste en que la ruta 34 no es una vía secundaria en la provincia, puesto que es el principal corredor agroindustrial del norte, el canal logístico hacia Bolivia y un tramo clave para la movilidad regional. Por allí circulan camiones de alto tonelaje, transportes públicos, trabajadores migrantes, estudiantes, vehículos de emergencia y familias enteras.
Por esto, la precarización de la infraestructura también afecta la economía, dado que se producen demoras en el transporte de cosechas, comercios que ven caer su actividad por la imposibilidad de trasladar mercadería, y costos logísticos que se disparan. Incluso, los municipios de Tartagal, Aguaray, General Mosconi y Salvador Mazza denuncian permanentemente el mal estado del camino.
En este contexto, la resolución judicial en el amparo es vista como un punto de partida. Principalmente, porque reconoce el riesgo que implica el abandono estatal. En ese sentido, la Justicia obliga al Estado nacional a mostrar qué hará —y con qué recursos— para evitar mayores daños. También abrió la puerta para que se ordenen medidas cautelares más fuertes si la situación no mejora.
Además, se trata de un revés implícito para el discurso del Gobierno nacional, que insiste en que “la obra pública era un robo”. En el norte salteño, la ausencia del Estado no se siente como ahorro, sino como abandono. Leavy lo sintetizó en el expediente, al asegurar que “la Ruta 34 se volvió un calvario diario, y el Estado nacional dejó de cumplir incluso con sus funciones mínimas”. De esta manera, el fallo de Tartagal confirmó que ese diagnóstico ya no pertenece sólo al terreno de la política y al de los usuarios y usuarias, que ahora tienen la validación judicial.