En este sentido, se afirma que los requerimientos de "comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores crea una situación de incertidumbre económica para los institutos", ya que para evitar problemas a futuro estas instituciones educativas "suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal".