Fiorella y Adriana De Langhe, abogadas que patrocinan el caso de agresiones contra una fundación de médicos que estaban realizando servicio social en Taco Pozo.
Con un plazo de 24 horas, el jefe actual de la comisaría debe informar sobre los pasos adoptados frente al caso. Además, se ordenó recabar información en las Fiscalías Penal, Juzgados Correccionales y el Juzgado de Paz de Taco Pozo, sobre denuncias previas o actuales contra Melchiori y el personal policial involucrado. El mismo requerimiento se hizo al Órgano de Control Institucional (OCI) para saber si hay investigación administrativa abierta sobre los hechos denunciados, todo con el máximo de urgencia.
La avanzada judicial también intima al jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, para que informe en tiempo récord sobre sumarios, antecedentes, delitos o faltas administrativas en trámite contra Melchiori y quienes se encontraban de turno. Se solicitó incluso registro detallado de vehículos oficiales asignados, antecedentes psicofísicos de los implicados y la copia certificada del libro de guardia del día de los hechos, el 17 de agosto.
La medida, que busca una respuesta integral y rápida por parte de las instituciones, pone el foco en la transparencia y el accionar policial ante posibles abusos de autoridad. En las próximas horas se sabrá si la causa toma más fuerza y si la Justicia chaqueña habilita nuevas sanciones o medidas disciplinarias. En el Chaco, la sociedad espera respuestas claras y un mensaje contundente: el abuso de poder no tiene lugar.