El personal sanitario estará obligado a notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y, con carácter prioritario, denunciar el caso ante autoridades policiales, municipales o judiciales competentes en materia contravencional.
La normativa se sustenta en la Ley Nacional N.º 27.491, que declara la vacunación como un bien social de carácter obligatorio, y en la Ley Provincial N.º 9099 de Contravenciones, que sanciona el incumplimiento con: multas de 200 a 800 unidades fiscales, arresto de hasta cinco días, trabajo comunitario en hospitales públicos, y registro, control y estadísticas.
La Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión será la encargada de registrar todas las denuncias realizadas bajo este nuevo marco.
Cada mes, la información será remitida a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que tendrá a su cargo el seguimiento legal de los casos y la detección de reincidencias.