En cuanto a las obligaciones prestacionales de unas y otras, el texto señala que “las Obras Sociales garantizan cobertura sin importar la cantidad de aportes, la composición del grupo familiar o enfermedades preexistentes” mientras que “las prepagas pueden cobrar adicionales por preexistencias y condicionar la afiliación”. También destaca que frente a la pérdida del empleo las OOSS deben cubrir servicios de salud por tres meses mientras que las prepagas “pueden dar de baja la afiliación si no se paga la cuota”.
“La Resolución 1/2025 indica que tus aportes podrían ser gestionados directamente por una prepaga, en lugar de tu Obra Social actual. Esto podría afectar tu cobertura y las condiciones de tu atención médica, especialmente en casos de alta complejidad como trasplantes, medicación oncológica, discapacidad y enfermedades crónicas. Sin una planificación adecuada, la implementación de esta medida genera incertidumbre y dificultades en la cobertura de los tratamientos esenciales. Muchos beneficiarios no tienen respuestas claras sobre quién garantizará su atención, lo que pone en riesgo la continuidad de sus cuidados”, agrega el comunicado. También resalta que la aplicación de la norma podrá “favorecer la concentración del mercado, reduciendo la competencia y afectando la calidad del servicio”.
Por cuerda separada, otro grupo de obras sociales de sindicatos medianos, que cuentan con red prestacional propia y acuerdos con prepagas sólo de manera complementaria, incluso en alianza con sectores de empleadores, prepara su propia batería de demandas. Entidades de salud como las de Obras Sanitarias, personal del gas, Asociación Bancaria o Aeronavegantes intentaron hasta ahora sin éxito que la CGT se involucrara en su defensa. Alegan diferenciarse de los “sellos de goma” y que sin embargo el triunvirato evitó respaldarlos con el argumento de no mostrarse cerca de los “sellos de goma”. En estas entidades el impacto de la resolución fue variable. Es que el Gobierno borró de un plumazo todos los afiliados de OOSS con derivaciones que hubiesen sido denunciados como tales por las prepagas, por lo que la repercusión depende del cumplimiento de esa exigencia por parte de los privados.